Luma Doné Miranda

El 24 de octubre de 2023, el Congreso Nacional aprobó la reformulación del sistema de cuotas en la educación federal. Fruto de un proyecto de ley presentado por la diputada Maria do Rosário (PT/RS) y otros diputados de diferentes partidos, el proyecto trajo cuestiones importantes para el diseño de la política, como la ampliación de los estudios de posgrado y la reducción del valor de la criterio de ingresos. Es importante resaltar que no hubo una política nacional de evaluación en los diez años de implementación de la ley y lo que tenemos son datos de algunos investigadores que se interesaron en evaluar la política. Sin embargo, podemos entender la renovación de cuotas como un proceso de maduración de este tipo de acción afirmativa en Brasil.

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Desde la década de 2000, cuando se creó, mediante la ley estatal núm. 3.524, la reserva del 50% de las plazas en las universidades estatales de Río de Janeiro para estudiantes que habían cursado la secundaria en escuelas públicas, las políticas de acción afirmativa han recibido contornos diferentes dependiendo de contextos específicos. A nivel federal, por ejemplo, las primeras iniciativas surgieron a través de deliberaciones institucionales y tuvieron un diseño que abarcaba a diferentes grupos. En este sentido, una universidad pública podría tener acciones afirmativas solo para estudiantes de escuelas públicas y otra podría abarcar a personas negras, pardas, indígenas y de bajos ingresos. Así, la aprobación de la ley no. 12.711/12 proporcionó la convergencia de algunos criterios para todas las instituciones federales.

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Al analizar la reformulación de esta ley, es posible advertir dos grandes frentes de cambios. El primero implica la ampliación de cupos para estudios de posgrado. Antes teníamos un escenario muy similar a la ley pre-cuotas donde algunos posgrados desarrollaban la política a través de deliberaciones institucionales. Sin embargo, a diferencia de la reserva de plazas de pregrado, las cuotas para estudios de posgrado, ahora a gran escala, deberán pensarse en una dinámica diferente. Particularmente en los modelos de clasificación de candidatos y distribución de becas. El segundo frente consiste en evaluar las políticas públicas. La nueva ley determina la necesidad de informes anuales elaborados por el Ministerio de Educación con datos de acceso, permanencia y finalización. Además, cada diez años deberá realizarse una evaluación especial del acceso de los grupos beneficiarios.

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Con estos cambios, consolidamos cada vez más las políticas de acción afirmativa en Brasil. El gran desafío de la próxima década será la retención de estudiantes. En particular, reduciendo el corte de ingresos a un salario mínimo per cápita y la incorporación de un artículo (7°-A) específico para estudiantes en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, podemos decir que se deben pensar en nuevas formas de implementar la ley.